Intervención clerical
Por Juan Sánchez Mendoza
El artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, muy claramente, que: “Los ministros de los cultos nunca podrán, en reunión pública o privada constituida en junta, ni en actos del culto o de propaganda religiosa, hacer crítica de las leyes fundamentales del país, de las autoridades en particular, o en general del gobierno”.
Sin embargo, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) a través de un comunicado signado por cuatro arzobispos y dos obispos, transgrede la legalidad al opinar sobre la posible reforma judicial.
Arguyen que: “La propuesta de reforma impulsada por el Ejecutivo, no responde a una revisión integral del sistema judicial, ni garantiza una mejor y más cualificada impartición de justicia, más aún, afecta la autonomía del Poder Judicial y pone en entredicho la división de poderes que establece nuestra Constitución…
“Por tal motivo –dicen–, pedimos que se escuche el punto de vista de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, a los jueces y magistrados, ministros y ministras. Y alentamos a continuar las reflexiones de colegios de abogados, estudiantes y profesionistas en las que coindicen con distintos organismos internacionales, en las que manifiestan que la elección para el cargo de jueces y magistrados, además de politizar y debilitar la impartición de la justicia en México, no ofrece ninguna garantía para superar la corrupción y la impunidad que requiere urgentemente la ciudadanía”.
Esa crítica realizada por los arzobispos de Monterrey (Rogelio Cabrera López), Yucatán (Gustavo Rodríguez Vega), San Luis Potosí (Jorge Alberto Cavazos Arizpe), León (Jaime Calderón Calderón); como de los obispos de Cuernavaca (Ramón Castro Castro) e Irapuato (Enrique Día Díaz), coincide con la apreciación de millones de mexicanos.
No obstante, es violatoria del marco legal –aun cuando tengan razón–en su apreciación de que la reforma judicial, en el fondo, es necesaria, pero no en la forma.
Tanto que merecen al menos una aclaración por parte de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján y del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ésta no llega porque ambos parecen temer más a ‘los representantes de Dios’ que a los más de 132 millones de compatriotas.
Separación con el Estado
Las relaciones Iglesia-Estado, contra lo que se piensa, son tan tensas que el Clero bien haría en recordarles a sus sacerdotes que nadie, bajo ningún argumento, se encuentra eximido del respeto y la obediencia al régimen de Derecho.
Igual, se les debe refrendar que ningún ministro de culto puede ni está autorizado para involucrarse en asuntos políticos; y que, al emitir mensajes apartados del quehacer religioso, se exponen a ser considerados ‘agentes’ de la desunión y la discordia.
De ahí que la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), en pleno, esté obligada a entender que, su práctica, no es política, para no pontificar sobre lo que es responsabilidad específica de los seglares. Y también que su mensaje debe ser netamente religioso y plenamente humano.
De cualquier forma, supongo que las declaraciones realizadas por los presbíteros católicos no son gratuitas, sino parte de una estrategia para ser beneficiados con otra reforma al artículo 130 constitucional.
Esto porque el agua ya le está llegando a los talones, debido a que las iglesias evangélicas y otro tipo de cultos crecen rápidamente en el país.
Y todo por dedicarse la CEM a cuestiones del César y no de Dios.
Pruebas sobran de su inclinación para favorecer a la derecha (o sea al PAN) y satanizar a la izquierda (léase morena).
Por eso, hoy vemos que su intención de participar en política es clara, con la consecuente manipulación de conciencias.
Lección legislativa
El ideólogo Jesús Reyes Heroles, plasmó en un discurso:
“Para ser un buen legislador, es indispensable ser un buen procurador de pueblos. Y para ser un buen procurador de pueblos, es indispensable alcanzar la altura de legislador.
“Un senador o diputado se debe a la Nación, pero, también, se debe a su circunscripción, a su distrito.
“Debe, por igual en nuestra teoría y nuestra práctica atender al interés general y ser gestor. Y que no nos asuste la palabra gestor.
“No se trata de ser tramitador de negocios, sino de algo mucho mayor; de ser procurador de pueblos, del bien de pequeñas colectividades que han confiado sus intereses a quien, representando a la Nación, representa aquello que para muchos es poco, pero grande: el pequeño beneficio colectivo, la obra común, el servicio social.
“¿Cómo puede un senador o diputado ser auténtico legislador?
“¿Necesariamente tiene que ser jurista?
“La experiencia de los pueblos, su evolución histórica, demuestra que no. Es más, frecuentemente los legisladores más innovadores, más dispuestos a modificar el contexto en que viven, son aquellos que no están constreñidos por la prudencia que exige el saber jurídico.
“Frecuentemente, a los juristas les toca conservar, más que transformar; y a los no juristas hacer que éstos, los juristas, acoplen su espíritu de lógica formal a las ansias de transformación.
“El espíritu de moderación debe ser el del legislador, pues el bien público tiene dos límites: el del exceso y el de la falta, el de lo mucho y el de lo poco”.
¡Vaya, lección!
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